El Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) presentó la revisión y análisis de las plataformas políticas registradas ante el IFE en lo que se refiere a los temas de seguridad y justicia.
En dicho trabajo el instituto delineó el punto de partida de las campañas a partir de revisar las propuestas, evaluando no sólo el propósito que buscan alcanzar sino, sobre todo, la manera concreta (planes y políticas públicas) que prevén implementar para conseguirlos; y valorar la pertinencia de la propuesta en el sentido de su viabilidad y su capacidad de innovación, teniendo en el horizonte la perspectiva de derechos humanos, que consideran debiera ser medular en cualquier política de gobierno con relación en el tema de seguridad y justicia.
Una de las partes relevantes que señala el estudio es que el número de propuestas creció y encontraron algunas como las que plantean incrementar sustantivamente el número de elementos de la Policía Federal o bien dotar de autonomía a los Ministerios Públicos. Pero planteamientos así -además de sus complicaciones particulares, como el presupuesto que se requiere para sostener la capacitación y homologación de condiciones laborales de los integrantes de los cuerpos policíacos- no se inscriben en la transformación de las instituciones y esa es una carencia de las propuestas hasta ahora formuladas. Es decir, la autonomía por si misma del MP no significa una transformación.
Otro problema que ubica el análisis en los planteamientos es el de crear más instancias para el combate a la corrupción y narcotráfico. Situación que llevaría a una duplicidad de funciones con otras áreas de la administración pública además de engrosar la burocratización y el presupuesto.
Hace pocos meses las víctimas de la violencia y el delito se hicieron presentes y aparecían como una prioridad para los gobiernos. Hoy no es así, eso se refleja que tanto Enrique Peña Nieto como Josefina Vázquez Mota han declarado que éstas serán una prioridad pero sin concretar la respuesta a dicha prioridad y por su parte Gabriel Quadri no hace mención alguna.
En el mismo sentido, indica el documento, no hay propuestas específicas para problemáticas acuciantes como son la búsqueda de miles de personas desaparecidas; cómo asegurar investigaciones prontas y adecuadas para los cada vez más numerosos feminicidios o bien qué se hará para que las más de sesenta mil víctimas de la actual estrategia pasen del anonimato a la identificación individual y saber las causas de cada una de las muertes o bien qué tipo de acciones se pondrán en marcha para revertir el desplazamiento forzado a causa de la violencia.
Sólo Andrés Manuel López Obrador se refiere a las víctimas de desaparición forzada y de violaciones de derechos humanos aunque tampoco precisa qué es exactamente lo que hará para con ellas.
Otro tema ausente que señala el IMDHD es el fuero militar, el cual ninguno de los candidatos lo tiene entre sus propuestas. El asunto es urgente sobre todo porque en la anterior legislatura federal no se aprobó la iniciativa de reforma y entre los diferendos estuvo la existencia de tribunales especiales así como el alcance de la justicia civil. Por tanto, resulta esencial que los candidatos y candidata definan claramente su propuesta.
Asimismo, se menciona que los derechos humanos están ausentes casi en su totalidad, sólo López Obrador hace una referencia al tema. Haciendo vidente que no existe entre la mayoría de los candidatos una conciencia de que una política exitosa y duradera en el tiempo es aquella que se funda en derechos humanos.
Una arista esencial es la de combate a la impunidad existente en materia de derechos humanos y, según el estudio, no se encuentran propuestas precisas de cómo hacer frente al problema, sobre todo con datos como estos: en el trimestre enero/marzo de 2012, la CNDH ha registrado que la Secretaría de la Defensa Nacional tiene el primer lugar en quejas de la ciudadanía, con 439; la Procuraduría General de la República, 187; la Policía Federal, 167 y la Marina, con 89. Estas cifras muestran un crecimiento exponencial de violaciones de derechos humanos y se requiere de propuestas precisas. El único candidato que hace mención del asunto es López Obrador quien dice que el Estado dejará ser el principal violador, pero necesita manifestar la manera de concretarlo.
Para finalizar, el instituto puntualiza que ningún candidato ha presentado al día de hoy, una propuesta totalmente articulada para asegurar la paz, disminuir la violencia, combatir el narcotráfico y la corrupción, así como acabar con la impunidad en todos los ámbitos y niveles. Cada uno realiza declaraciones según el auditorio con el que se encuentre. Mucho aprenderían sobre cuál debe ser el camino si revisaran las cinco sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado Mexicano; además quien llegue a ocupar la presidencia tendrá que cumplir con dichas sentencias. Por tanto es necesario que los candidatos y candidatas diseñen sus propuestas tomando en cuenta tres factores: la opinión de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y del delito así como la sociedad civil; que están obligados a cumplir las sentencias y recomendaciones provenientes de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos; ser realistas en su implementación con tiempos establecidos, acompañado de un análisis serio del presupuesto que se requiere.